En Veracruz fue capturado el segundo expolicía de Cuautitlán Izcalli de nombre Gerardo “N”, implicado en la muerte del actor, Octavio Pérez Ocaña, a más de dos años de emitirse una recompensa para dar con su paradero.
La asociación Lex Pro Humanitas, quien forma parte de la defensa de la familia de Pérez Ocaña, informó sobre la captura.
En un pronunciamiento, detalló que en su intento por no ser reconocido cambió su apariencia física, pues existía una recompensa para ser detenido.
“Estaremos informando puntualmente sobre cualquier novedad respecto del tema tal y como hemos hecho desde el inicio de nuestra participación en el mismo”, indicó.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la detención del expolicía municipal en Veracruz.
Detalló que el ahora detenido es trasladado a la entidad mexiquense, pero será ingresado al penal de Cuautitlán a disposición de un juez, para determinar si situación jurídica.
En la foto de la captura, se le ve con el cabello largo, así como con barba y bigote, muy diferente a la imagen que se divulgó para su identificación.
“Elementos de la #FiscalíaEdoméx, en colaboración con @FGE_Veracruz, detuvieron en #Veracruz a Gerardo "N", en cumplimiento de orden de aprehensión por el delito de homicidio”, se detalló.
La primera recompensa para dar con Gerardo “N” se emitió el 13 de marzo de 2023 y había sido de apenas 300 mil pesos. Y el 18 de junio del 2024, pasó a 500 mil pesos, luego de que familiares y la defensa legal del histrión, lo exigieron.
La muerte del actor Octavio Ocaña ocurrió tras una persecución policíaca sobre la autopista de Cuautitlán Izcalli, el 29 de octubre del 2021.
Hasta el 22 de septiembre del 2022, fue detenido el primer policía municipal de Cuautitlán Izcalli, Leopoldo “N” y fue sentenciado por homicidio doloso y abuso de autoridad.
El 24 de octubre de 2023, la 61 Legislatura local avaló la corrección de la “Ley Ingrid” y la iniciativa de “Ley Octavio Ocaña”, misma que entró en vigor el 3 de diciembre, mismas que prevén la imposición de hasta ocho años de cárcel por difusión de cadáveres, y la pena aumentará a una mitad si las víctimas son mujeres, menores de edad o algún grupo vulnerable.