Cada año, el Estado de México enfrenta una grave problemática relacionada con la invasión ilegal de viviendas, conocida como despojo. En 2025, esta entidad lideró las estadísticas a nivel nacional, con más de 860 casos solo en los primeros dos meses del año; el promedio anual supera las 4 mil denuncias, aunque en 2024 se registró un máximo histórico con cerca de 5 mil casos reportados, esto equivale a aproximadamente 13 viviendas invadidas diariamente.
Por esta razón, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), puso en marcha el 'Operativo Restitución', con la finalidad de recuperar las viviendas invadidas y combatir así el delito de despojo en la entidad. En los últimos 3 meses, la dependencia ha recuperado casi 500 viviendas en favor de las víctimas que fueron despojadas de su propiedad.
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En una medida sin precedentes, la cual busca eliminar uno de los delitos que se han vuelto más comunes dentro del Estado de México, el Congreso mexiquense por unanimidad avaló ampliar las agravantes y elevar las penas por el delito de despojo hasta 25 años con seis meses de prisión y mil 500 días multa, a través de una reforma para fortalecer y garantizar el goce legítimo de los derechos de propiedad de las personas dueñas de inmuebles.
Con estas modificaciones al Código Penal estatal, se pretende evitar casos como el de la señora Carlota “N”, de 74 años, quien el pasado 1 de abril, en Chalco, disparó y mató a dos personas que presuntamente no querían desocupar su vivienda. Por otro lado, el documento actualiza las características de este delito grave, para establecer que despojo es la acción de impedir materialmente el disfrute de un inmueble ajeno, lo que se castigará con cinco a 10 años de prisión y de 700 a mil días multa.
El documento especifica que el despojo se sancionará sin importar si el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa y tendrá la calidad de permanente, mientras subsista la detentación material del inmueble objeto del ilícito por el activo, la estas iniciativa responde a los casos de la señora Carlota “N” y Guadalupe Chávez Ortiz, quien recientemente recuperó una vivienda en Naucalpan que peleaba desde 2019.
Se espera que estos delitos disminuyan
Octavio Martínez parte del congreso mexiquense señaló que se aspira a reducir las denuncias relacionadas, aportar mayores herramientas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para dar resultados, y colaborar con el gobierno estatal para construir un Estado de Derecho y combatir la corrupción.
Por su parte el diputado Samuel Hernández Cruz expuso que en la zona metropolitana del Valle de México hay 600 mil viviendas de conjuntos urbanos deshabitadas y acechadas por la delincuencia para ser invadidas sobre todo en la zona oriente de la entidad, lugar en el cual el problema está más presente y se vive de forma más cotidiana dentro de la entidad.
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Durante los primeros cinco meses de 2025, las autoridades mexiquenses recibieron más de 1,290 denuncias por este delito, mientras que en el mismo periodo del año anterior se contabilizaron más de 2,000; municipios del Valle de México como Ecatepec, Tecámac, Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan y otros, son los más afectados por este fenómeno.
En muchos casos, las invasiones son perpetradas por grupos organizados conocidos como “paracaidistas” o por redes delictivas que operan con complicidad de funcionarios locales, estas redes aprovechan casas abandonadas o en litigio para apropiarse ilegalmente de los inmuebles. El Estado de México registra entre 4,000 y 5,000 casos anuales de despojo, y la tendencia va en aumento, lo que evidencia la necesidad urgente de fortalecer la ley y proteger la propiedad privada.