En Coatepec Harinas, al sur del Estado de México, fueron recuperados mil rollos de madera de dudosa procedencia, luego de la implementación de un operativo contra la tala clandestina por parte de autoridades federales y estatales.
La Secretaría de Seguridad (SS) informó sobre la incursión en la que participaron 66 elementos del Ejército, la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
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Se considera un delito contra el medio ambiente
Fue en recorridos en una zona boscosa, en la comunidad de Tecolotepec, en Coatepec Harinas, que se identificó un punto donde se llevaba a cabo actividad irregular, lo que se considera un delito contra el medio ambiente.
Y los efectivos lograron asegurar aproximadamente mil 125 rollos de madera de oyamel con un volumen de 83 metros cúbicos, así como una máquina hidráulica color amarillo con punta de garra marca Caterpillar modelo 559.
La dependencia aclaró que el operativo tuvo la finalidad de evitar y atender la comisión de delitos contra el medio ambiente, en las zonas boscosas en el municipio.
Además, enfatizó que reafirma el compromiso del gobierno mexiquense en beneficio del medio ambiente, así como el trabajo colaborativo entre los tres órdenes de gobierno que se instruye en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz.
De acuerdo con datos proporcionados recientemente en la 62 Legislatura local, 25 municipios tienen declarada alerta roja por delitos ambientales, además de 2022 a 2024, se perdieron tres mil 200 hectáreas de bosque en demarcaciones como Ocuilan, Temascaltepec, entre otros.
Hasta 25 años de cárcel por destrucción de bosques
El Gobierno Edomex publicó la ley que endurece las penas contra la tala clandestina, misma que prevé la imposición de hasta 25 años de prisión, y con agravantes hasta 100 años, y una sanción económica de casi 340 mil pesos.
La reforma agrava el delito de explotación y degradación de los recursos forestales y amplía la protección a zonas y áreas naturales con las que cuenta la entidad, dado que en el último año se perdieron 127 mil 770 hectáreas de bosque.
Se contempla de cinco a 15 años de prisión a quien dolosamente deteriore, por el uso, la ocupación o el aprovechamiento, un inmueble que por decreto del ejecutivo del Estado haya sido declarado área natural protegida.